viernes, 25 de enero de 2008

¿Hacia el derrumbe de la democracia?

cómo interpretar que los principios aplicados por un tribunal puedan
ser la base para exonerar de responsabilidad penal a un banquero y que
ese mismo tribunal, en un procedimiento de características
parangonables, olvide sus propios criterios y condene a tres
representantes públicos?

¿Cómo entender que tras un sobreseimiento de la causa y dos sentencias
absolutorias se retuerza la lectura jurídica de un caso hasta alcanzar
la condena?

¿Cómo comprender que todo el mundo se equivoca en la interpretación de
la ley -Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Ministerio
Fiscal…- salvo la escabrosa y montaraz verdad jurídica de un sindicato
ultraderechista, antisistema y de dudosa reputación democrática?

¿Cómo creer en la independencia de unos jueces que, en contra incluso
del criterio del Ministerio Fiscal y con el único soporte de una
acusación popular ejercida por un sindicato ultra, no han detenido su
actuación hasta alcanzar el objetivo condenatorio en un ejemplo
palmario del dicho popular de quien la sigue la consigue?

La Sentencia del Tribunal Supremo conocida el pasado lunes por la cual
se condena a Juan María Atutxa, Gorka Knörr y Kontxi Bilbao por un
delito de desobediencia es, sin duda alguna, una de las decisiones más
graves y de mayor alcance que representantes de un poder del Estado
español han protagonizado contra la voluntad democrática de la
sociedad vasca desde el establecimiento de la democracia.

Decisión grave no por su impacto personal, que también, sino por la
intromisión, desafuero y deslegitimación que supone contra las
instituciones vascas, y especialmente contra el Parlamento vasco,
órgano legislativo de la Comunidad Autónoma Vasca, cuya independencia,
autoorganización y legitimidad han sido saboteadas por la
interferencia de un poder ajeno, contraviniendo no ya la separación de
poderes sino su esencia diferenciada marcada en el ordenamiento
jurídico vigente.

Decisión de gran alcance ya que, de momento, el Tribunal Supremo ha
atropellado a una de las instituciones comunes que los vascos
refrendamos a la hora de establecer nuestro vínculo de convivencia en
el Estado español, al amparo del título octavo de la Constitución y su
desarrollo en el Estatuto de Autonomía de Gernika.

Decimos de momento porque mucho nos tememos que esta última actuación
judicial politizada, jaleada por quienes desean abortar el
autogobierno vasco, sea la antesala de nuevas iniciativas arbitrarias,
revestidas de un soporte jurídico indefendible, que tengan como
horizonte próximo la condena del diálogo político y como consecuencia
práctica la sanción e inhabilitación de la máxima institución del
país, del lehendakari de Euskadi.

La sentencia del Tribunal Supremo no es una casualidad ni un hecho aislado.

En estos casi treinta años de autogobierno vasco la voluntad política
expresada en las urnas, los marcos jurídico-políticos de convivencia
pactados entre Euskadi y el Estado español han sido sistemáticamente
coartados, recortados, limitados y reconvertidos. A veces ha sido
debido a la acción política, mediante leyes vulneradoras de derechos;
en otras ocasiones, las más, la agresión ha procedido de la actuación
constante y pertinaz de una justicia politizada al servicio de la
desnaturalización del autogobierno vasco. Marcos competenciales
desdibujados, limitación en la capacidad de gestión, sentencias
uniformadoras, etc., se han sucedido en todo este tiempo gracias a la
constante deriva de un poder judicial que, mayoritariamente, pasó de
la dictadura a la democracia sin transición alguna y sin reciclaje
democrático.

Pero de un tiempo a esta parte la vocación política de determinados
magistrados y órganos judiciales ha hecho que la intromisión judicial
en el ámbito político provoque situaciones límite como la que hoy
vivimos.

El intento de anulación, por la vía de hecho, del Concierto Económico
provocada por el propio Tribunal Supremo, con su próxima vista
prejudicial en la Corte de Luxemburgo; la validación de leyes
excepcionales ilegalizadoras de ideas y formaciones políticas, de
aplicación arbitraria, dando cobertura a la restricción de derechos
civiles que penalizan a una parte de la sociedad a la que se le priva
de su derecho a la libre elección; la supeditación de la actuación y
la autonomía parlamentaria reflejada en la sentencia dictada contra
Atutxa, Knörr y Bilbao y la criminalización del diálogo para alcanzar
la paz con el procesamiento del lehendakari y de otros representantes
políticos nos hace pensar que estamos ante un grave riesgo de
involución política.

Algunos dirán, en su complacencia y afinidad con los objetivos
definidos por esta estrategia de justicia politizada, que la
pretensión de quienes firmamos este escrito es presionar a los
magistrados, que sólo aceptamos los autos judiciales cuando éstos nos
son favorables. Dirán igualmente que pretendemos situar a nuestros
representantes institucionales por encima de la ley. Y no es cierto.

Pretendemos una Administración de Justicia como poder independiente,
pero de ninguna manera admitiremos una Justicia como poder con
autonomía política.

Nuestra pretensión no es ni presionar a los jueces ni menoscabar su
imparcialidad. No queremos ni favores judiciales ni situar a nuestras
instituciones y a sus representantes por encima de la ley.

Nuestra voz se alza para denunciar una estrategia que nos conduce al
derrumbe de la democracia. Una estrategia que utiliza a determinados
jueces como partisanos, como ariete de choque contra la voluntad de la
ciudadanía. Y como representantes de esa misma ciudadanía, más que
nunca, reivindicamos la acción política y, porque es consustancial a
ella, el valor del diálogo. Acción política y diálogo sin cortapisas
ni procedimientos viciados que impidan la convivencia y el
entendimiento. Negar la política y el diálogo es tanto como negar la
solución de los problemas y de los conflictos políticos como el que
afecta a nuestro país.

Las instituciones que hoy se ven erosionadas por la vía judicial son
el fruto de la voluntad de la sociedad vasca. Voluntad que hoy y
mañana se seguirá expresando para decidir su presente y su futuro.

Con ese afán, en defensa de la legitimidad, de la dignidad de las
instituciones vascas y de sus representantes, y como respuesta cívica
de un Pueblo que exige respeto a su voluntad democráticamente
expresada convocamos a toda la ciudadanía vasca a manifestarse
pacíficamente mañana, sábado, día 26 de enero, a las 18.00 horas, por
las calles de Bilbao.

jueves, 24 de enero de 2008

ESPAÑA Y FRANCIA SOMETEN A LA NACION VASCA

Las elecciones previstas para marzo del 2008, han llevado a los partidos que disputan con ciertas posibilidades el poder en el Estado español, a proponer como eje de sus campañas el sometimiento sin límites de la Nación vasca. En este sentido, el aparato judicial español se ha convertido en la herramienta ejecutora, que lleva adelante una diversidad de atropellos y atrocidades muy alejadas de las prácticas políticas de un país miembro de la Unión Europea. Como si esto fuera poco, el presidente de Francia afirmó que será inflexible ante cualquier reclamo de las ciudadanas y ciudadanos vascos de Iparralde, los cuales, entre sus mínimas aspiraciones, solicitan la conformación de un Departamento Vasco.

Ya hemos presenciado el desenlace escandaloso del juicio18/98, en el cual, se inculpa a entre otras, a personas que nunca han tenido participación política, de formar parte del entorno de ETA. Hoy nos encontramos ante una nueva determinación de la justicia española, la cual, acusa y condena a Atutxa, Bilbao y Knorr de ser los culpables de no haber ilegalizado a la Izquierda Abertzale en el Parlamento Vasco, como si las Instituciones no tuvieran sus propios reglamentos y atribuciones y debieran someterse a las decisiones de una justicia tendenciosa y funcional, al servicio de los intereses políticos de las agrupaciones ultraderechistas Manos Limpias y Foro de Ermua. Como si esto no fuera suficiente, el juez Garzón prohibe un acto de ANV y se anuncia que se dará comienzo este próximo viernes al proceso de ilegalización de EHAK y ANV. Además, resulta muy importante mencionar que la tortura sigue siendo una “práctica normal” en el Estado español, y así lo testimonian las detenciones de dos ciudadanos vascos en Mondragón, los cuales, debieron ser hospitalizados por las graves lesiones recibidas durante la privación de su libertad.

Las agresiones continuarán, porque no cabe ya ninguna duda, que el objetivo político tanto desde Madrid y París, sea quien fuere el que gobierne, consiste en liquidar cualquier iniciativa que surja desde el ámbito nacionalista, con el sólo propósito de mantener la unidad formal de los estados implicados en el conflicto vasco. Mientras esto ocurre, las formaciones políticas vascas parecen marear la perdiz, negándose a comenzar a dar forma a un bloque de unidad abertzale soberanista, y para ello esgrimen argumentos mezquinos, sectarios y de poca consistencia de cara a las próximas elecciones, pareciendo no darse cuenta que lo que esta en juego es el destino de la Nación vasca y no si los bizkainos de tal partido quedarán mejor posesionados que los gipuzcoanos, o si los gipuzcoanos del otro partido abertzale saldrán mejor parados en las elecciones que sus compañeros de otros Herrialdes, como así también, si es mejor, más allá de los sufrimientos de muchas personas, profundizar las contradicciones hasta el mes marzo y luego volver a negociar con el Estado como si nada hubiere pasado.

Hay anunciados diversos actos para condenar estos atropellos en el campo abertzale. Que bueno sería, que los partidos vascos tomarán conciencia de la gravedad de la hora y convocaran a un solo acto, así el pueblo en su conjunto podría manifestarse contra el 18/98, la ley de partidos, la tortura, la condena a los miembros de la ex mesa del Parlamento Vasco, la dispersión de los presos, el juicio contra el Lehendakari, y en esa misma asamblea comprometerse a realizar los esfuerzos necesarios para conformar una mesa amplia y generosa, que comience a trabajar para garantizar el derecho a decidir del pueblo vasco.

Prof. César Arrondo

Universidad Nacional de La Plata

Argentina

lunes, 21 de enero de 2008

Tiempos de zozobra, tiempo de convicciones

Jon Gurutz Olaskoaga, Baleren Bakaikoa, José Manuel Castells, Luis
Bandrés Y Pedro Ibarra.
Creemos que estamos viviendo durante los últimos tiempos el mayor
ataque al Estado de Derecho desde los no tan lejanos tiempos del franquismo. En una cascada que no parece tener fin, el inicio está en la Ley Antiterrorista que posibilita los malos tratos, luego vino la Ley de Partidos Políticos que permitió expulsar de la vida política a una parte importante de nuestros conciudadanos. Previamente ya habían cerrado dos periódicos, Egin y Egunkaria, la clausura de Egin Irradia y abierto en la Audiencia Nacional el macrosumario 18/98. Luego vino
el encarcelamiento de un elevado número de dirigentes de Batasuna.
Cuando los más de 500 años de cárcel de condena por el citado sumario todavía habían dejado impactada a una parte importante de la sociedad vasca, termina, probablemente de momento, este ciclo con la más que previsible evidencia de que han sido torturados Portu y Sarasola.

Es en esta última actuación de la Guardia Civil, y en las reacciones que ha provocado, donde se puede resumir la degeneración en que se encuentra una parte muy importante del sistema político español. Las declaraciones de destacados líderes del PP y del PSOE después de las denuncias de las citadas torturas reflejan claramente esta situación.
Conviene recordar algunas: "Que las bajas no sean nuestras" (Bono); "Vergonzosa doble moral por reclamar derechos humanos para los terroristas y negarlos para los guardia civiles" (Chivite); "En Capbreton no hubo costilla rota sino tiro en la nuca" (Sanz); "No hace falta pedir explicaciones"(Carmelo Barrio); "Las declaraciones de la portavoz del Gobierno vasco constituyen un episodio lamentable que ofende" (Paulino Luesma); "Los miembros del Gobierno vasco deben pedir disculpas porque cometieron una terrible irresponsabilidad, un despropósito y una indecencia política al dudar de la forma en que se produjeron las detenciones" (Rodolfo Ares); "El ejecutivo autonómico
se carga la presunción de inocencia, dando cobertura a ETA en lugar de al Estado de Derecho" (Patxi López) y así un largo y terrible etcétera que azota las conciencias democráticas.

Si salvando el tiempo y las distancias, las ilegalizaciones, los cierres de periódicos, las condenas de un tribunal de excepción como la Audiencia Nacional, el chapoteo judicial, las denuncias de torturas y, en definitiva, cuando la versión del actual ministro de interior del PSOE ofrece la misma credibilidad, basada exclusivamente en simples informes policiales, que la de un ministro de gobernación franquista, es sin duda debido a que no estamos tan lejos del horror franquista, a que una parte muy importante de los actuales dirigentes políticos y del sistema judicial español parecen ser herederos de aquel tiempo y a que están todavía contaminados por el mismo. Había que ser bastante iluso para pensar que una corta transición, sin pedir responsabilidades, iban a convertir el Estado, de la noche a la mañana, en un modelo equiparable a los regímenes de la venturosa e intachable Europa. El resultado es el que tenemos: la España de hoy, la del PP y lamentablemente también la del PSOE. Naturalmente cada una con su diferente matiz pero unidos en lo esencial.

Es tiempo de zozobra y por ello debe de ser tiempo también de renovadas convicciones. Los vascos demócratas debemos decir como siempre no a ETA, pero al mismo tiempo y con la misma vehemencia le debemos recordar al Estado nuestra posición opuesta a la ley de partidos, a la Audiencia Nacional, al macrosumario 18/98, a legislaciones de excepción, a las ilegalizaciones, y, da vergüenza tener que repetirlo, un no rotundo a la tortura. El Pacto de Ajuria Enea propició un error conceptual grave, y que es que todos los partidos por el mero hecho de oponerse a ETA eran democráticos y
además para siempre. Esto, desde luego no es así, y debemos de marcar una clara distancia entre los que defendemos el Estado de Derecho por un lado y la de quienes son responsables de la actual situación de regresión democrática por otro.

No es mucho lo que nos queda ante tan desolador panorama. Quizás la leve esperanza proporcionada por Amnistía Internacional así como otras instancias como el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, comiencen al unísono a enmendar la plana a toda esta triste situación; o quizás mejor, emulando a Churchill, cuando en 1940 solo tenía para ofrecer sangre, sudor y lágrimas al pueblo británico, pero al final, después de muchos sacrificios, les ofreció la victoria a sus conciudadanos.

Nosotros también, firmes en nuestras convicciones y haciendo honor a nuestra trayectoria, debemos perseverar incansablemente hasta conseguir la victoria. Victoria que en nuestro caso sería el restablecimiento de las garantías de un Estado de Derecho, Estado, que visto lo visto, mejor sería que fuese el nuestro propio.

* Son profesores de la UPV-EHU

viernes, 18 de enero de 2008

Sumario 18/98

Análisis del proceso y sentencia del sumario 18/98

El contexto necesario para una adecuada interpretación de la sentencia arranca entre mayo

y julio de 1998, cuando la intervención judicial en empresas comerciales que se vinculaban a la

financiación de ETA, y el posterior registro y precinto de las instalaciones de Egin, sacaron a la luz

unas diligencias que el juez Garzón había iniciado en 1989.

Cuando concluían esas diligencias en 2003, eran más de 250 las personas imputadas en

más de una decena de sumarios diferentes, cuya pieza principal y más voluminosa era el 18/98.

Por el camino habían quedado empresas cerradas, medios de comunicación clausurados, organizaciones

políticas ilegalizadas organismos populares criminalizados.

En dos de esos sumarios (Jarrai-Haika-Segi y 18/98) se ha celebrado el juicio y dictado

sentencia. A la espera quedan los sumarios de Askatasuna, Udalbiltza, Egunkaria, Batasuna

(Herrikos) etc.

Detrás de esta vasta operación había una iluminación judicial y un impulso político.

- La iluminación judicial la tuvo Garzón al descubrir en la lectura de unos documentos

incautados a militantes de ETA, el proyecto Udaletxe en concreto, que el subsuelo de la sociedad

vasca identificada como izquierda abertzale era monopolio de ETA: que la apariencia autónoma de

empresas, medios de comunicación, organismos populares, herrikos, formaciones políticas,

ocultaban una conexión en red al servicio de, y dirigida por, ETA.

- La iluminación política le sobreviene al Gobierno de Aznar, y no tardaría en compartirla el

PSOE, cuando en el estallido de indignación por el asesinato de Miguel Angel Blanco intuyen la

oportunidad de aprovechar la política antiterrorista, la lucha contra ETA, para volcar

- sobre el nacionalismo vasco, en general, la responsabilidad de la persistencia de

ETA, ponerlo a la defensiva y preparar la alternancia política que permitiera reconquistar para su

idea de España el enclave nacionalista vasco,

- y sobre el sector concreto de la izquierda abertzale el estigma de su integración en

ETA, para irlo sacando de la legalidad por piezas, desestructurar el núcleo más activo y correoso

del espacio civil independentista, en una exhibición de fuerza ("creían que no nos íbamos a atrever")

que les hiciera abandonar toda esperanza de imponerse al Estado para forzar un cambio de

marco.

Esta exhibición de fuerza ha contado con instrumentos de un triple carácter:

- La criminalización colectiva, desarrollo de la tesis "todo es ETA"

- paradoja: al tiempo que se describe a ETA como organización que existe sólo para matar

cuando puede, una banda de delincuentes, se pretende que "sus entrañas y su corazón" lo componen

un amplio y complejo entorno político, social, cultural y de comunicación.

- La construcción jurídica de un estado de excepción sin declarar

- de excepción porque en estos sumarios la excepción se convierte en regla para permitir

una persecución penal indiscriminada

- Orquestación mediática para adormecer las conciencias y la opinión pública

En nuestra opinión, el resultado equivale al desmantelamiento del Estado de Derecho.

- del núcleo de derechos y libertades fundamentales que la Constitución reconoce

- principio de legalidad, igualdad ante la ley, integridad física, libertad ideológica, seguridad,

dº al honor, inviolabilidad domicilio, secreto comunicaciones, expresión, asociación, reunión,

tutela judicial efectiva, dº de defensa, juez ordinario, presunción de inocencia...

- en este proceso penal se han violado todos y cada uno.

Caracterizaré ahora brevemente a las personas procesadas.

- conjunto variopinto de personas

- de todo tipo, en edad, formación, actividad, manera de pensar, que entienden de

ma-nera distinta cuestiones fundamentales del debate político... unos amigos/amigas, otros/otras

ni se conocían

- que no son un rebaño, tampoco un mero montón de personas imputadas

- sabemos que para muchos son sólo eso, imputados que han sido condenados

- para nosotros/nosotras son personas imputadas y más, mucho más que esa simplificación

- personas y grupos que se sienten parte de este pueblo que llamamos Euskal

Herria, estimadas en su entorno, reconocidas en su trabajo por este país, comprometidas con

aspiraciones plena o parcialmente compartidas en la sociedad vasca,

- cuya situación actual suscita un manifiesto y amplio apoyo solidario en una pluralidad

de sectores de esta sociedad, apoyo que trasciende el propio espacio social de las personas

imputadas, como demuestran quienes hoy nos acompañan, gesto que agradecemos sinceramente.

Pues bien, estas personas

-a quienes se ha condenado por colaboración o pertenencia a ETA sin que a ninguno se le

haya acusado de hechos objetivos que puedan ser tipificados de actividad terrorista

- en este proceso no se ha hablado de armas, explosivos, impuesto revolucionario,

amenazas, apoyo a comandos, etc

- a quienes se ha condenado por interpretar que su dedicación a organismos políticos,

movimientos populares, empresas comerciales, medios de comunicación, iniciativas culturales

estaba al servicio de los objetivos de ETA,

han sufrido a modo de castigo anticipado, anterior a la sentencia, un auténtico calvario vital

- legislación ad hoc + interpretación expansiva que fuerza los tipos penales y los indicios

+ detenciones con alarde mediático + incomunicación + violaciones a su integridad física y moral

+ acusaciones sin pruebas + prisión preventiva + fianzas desorbitadas + incertidumbre en libertad

condicional + cuantioso coste económico (personal y colectivo)

- salen cifras de asustar si sumamos el número de personas detenidas, años de cárcel, el

volumen de las fianzas, pérdidas, problemas laborales y de salud

La Plataforma entendió que era una situación que demandaba una respuesta de la sociedad

Teníamos tres razones de peso

- una, que era una buena causa

- porque estas personas no debían ser sometidos a un juicio bajo la legislación antiterrorista

- porque su actividad incriminada debía entenderse como el ejercicio legítimo de

sus derechos civiles y políticos

- y porque, si habían de ser juzgados/juzgadas, que lo fueran con las garantías que

corresponden a la ciudadanía de un Estado de Derecho

- la segunda, que al defenderles nos defendíamos a nosotros y nosotras y a toda la sociedad

(en cuanto sociedad democrática)

- la tercera, que éramos conscientes de que al unirnos a esta causa nos uníamos a una

buena causa global, la que trata de proteger la herencia de la ilustración y de los derechos de las

personas de la embestida desencadenada contra ellos por la reacción al 11-S de las torres gemelas.

No me voy a extender en este punto, pero quisiera resumir el espíritu que nos ha guiado, en

cuatro frases

- Tom Paine (Los derechos del hombre): <

que proteger de la arbitrariedad incluso a sus enemigos, o se establecerá un precedente que se

volverá también contra él.>>

- Carlos Rozansky (juez argentino): <

medios, o se respetan, o no.>>

- Josep Ramoneda: <

contra el terrorismo ha llegado a insensibilizar a la ciudadanía en cuanto al respeto de los derechos

básicos... lo que permite al poder político a saltarse los límites y crear espacios vacíos de

derecho (una pena que en El País se escriba así sólo en relación a la CIA o Guatánamo).>>

- Amnistia Internacional: <

amenaza contra todos, no será posible ponerles fin.>>
Lo tuvimos claro. No podíamos guardar silencio
La vista oral

A los 8 años desde aquellas primeras diligencias de Garzón

- después de una instrucción atípica

-¿no se han preguntado nunca ustedes por qué se vapulea la mala calidad de

Garzón como instructor, salvo cuando las personas acusadas tienen que ver con el conflicto

vasco?

- vista oral caótica

- podría decir midiendo las palabras que fue una exhibición de indefensión jurídica,

de desorden y falta de profesionalidad, de desprecio a la ley procesal

- si en vez de medir las palabras dijera lo que pensamos de verdad...

- pero como no se trata de utilizar palabras gruesas, me limitaré a decir lo que piensa

toda persona que se ha asomado a las sesiones: la vista oral ha sido un escándalo que clama

al cielo

- a la altura del mayor proceso de la Audiencia Naciona, el mayor escándalo

- ni tengo tiempo ni voy a pretender demostrarlo aquí porque en su momento el equipo de

abogados de la defensa hará público su informe jurídico sobre la sentencia

- pero es una realidad que sólo se le oculta a quien se blinda para no verla, a quien

se refugia con fe de carbonero en el proclamado Estado de Derecho, que con criaturas como este

proceso demuestra que nació torcido.

- tenemos envidia del juicio del 11-M

- con la milésima parte de atención que recibió la instrucción y vista oral del 11-M,

hubiera sido imposible esta sentencia

- dos testimonios

- Martil Poell y Volker Gerloff, dos abogados alemanes que presenciaron como

observadores algunas sesiones de la vista oral: <

juicio sin pruebas, pero nos hemos encontrado un juicio sin delito.>>

- Gil Matamala, ex presidente de la Asociación de Juristas Europeos, asombrado de

que las pruebas venían a ser un cortar y pegar de informes policiales que interpretaban documentación

intervenida: <>

- Un proceso cuya característica fundamental ha sido la inversión de la carga de la prueba

- Se le notaba al Fiscal que no necesitaba probar su acusación, eran las personas

acusadas quienes se veían en la necesidad de probar su inocencia.
La sentencia

No diré que la esperábamos, pero sí que la temíamos a la vista de los antecedentes:

- jurisprudencia

- regresión progresiva del T.S. en materia de derechos individuales y garantías

- resolución al recurso contra la St de la A.N. que condenó a Jarrai-Haika-Segi

- el T.S. eleva la calificación de asociación ilegal a integración o colaboración

con ETA

- interpretación expansiva (ad hoc) de los tipos penales que fuerza el principio de

legalidad para incorporar el concepto de" terrorismo desarmado", personas y grupos que pasan a

ser considerados parte de la estructura de ETA por la intención que se les atribuye de "estar a su

servicio".

El fallo

- decepción

- vista oral inútil, penas altas (600 años de cárcel), detención humillante

- no se entiende si no es como revancha (por no decir venganza) sobre un

equipo defensor que dejó en ridículo la acusación y puso de manifiesto la arbitraria parcialidad del

Tribunal

- decepción que lleva a una deducción

- los administradores de este Estado de Derecho parecen más interesados en

desarticular el espacio socio-político de la izquierda abertzale que en terminar con ETA.
Nuestras consideraciones tras la sentencia

Estamos recorriendo un camino peligroso

- a la presunción de inocencia le sustituye la presunción de culpabilidad

- el Estado de Derecho pretende convivir con la abolición de las libertades democráticas

- la sociedad asimila sin mayor resistencia un sistema penal vengativo

Preocupación

- ¿cuánto tiempo y cuanto esfuerzo hará falta para reconstruir la razón democrática?

No sólo nosotros y nosotras estamos preocupados:

-Gijs de Vries, coordinador de la Política antiterrorista UE: <

sin saber cuándo se podrán recuperar, y en cualquier caso no fácilmente, valores, derechos comunes

a todo ser humano que con mucho esfuerzo se abrieron paso hasta quedar plasmados en la

carta de la ONU.>>

En su momento pedimos el sobreseimiento de estos procesos

Pedimos ahora

- la libertad para las personas encausadas

- sin fianza, ni medidas cautelares

- no hay hechos constitutivos de delito objeto de la acusación

- la acusación no ha podido presentar pruebas fehacientes e individualizadas

- esta plataforma queda a la espera de leer en la sentencia con qué hechos

concretos se prueba la relación con ETA de cada una de las personas condenadas. En la vista oral

el Fiscal no lo hizo. Hay razones para temer que en la St. tampoco. Como muestra, el botón exhibido

ayer por las televisiones:

- ha dicho la jueza Murillo que la Fundación Zumalabe ha sido diseñada

por ETA para desarrollar una forma de lucha complementaria de la lucha armada: "no es una

deducción, tenemos pruebas"

- a la prueba que mostró me remito, un documento atribuido a ETA

(cuestionable atribución) que acoge entre interrogaciones esta idea "¿por qué no volver loco al

Estado con la desobediencia civil?

- en la lógica de la A.N., ETA se apodera con una frase de

todo el espacio de la desobediencia civil que ya sólo puede existir al servicio de ETA.

- ¡Cuánta razón tiene quien ha dicho que a partir de esta sentencia

hay más ETA y menos Estado de Derecho! Y añadía con sarcasmo: dos motivos para sentirnos

más contentos y más seguros.

- pues bien, ante tales pruebas sólo nos queda decir que quien condena sin pruebas,

y lo sabe, prevarica.

- las irregularidades del proceso han sido clamorosas

- construido desde una tesis falaz

- no se corresponde con la verdad histórica (desdoblamiento), ni sociológica

- qué ironía, la del Juez Garzón, para desdoblamiento el suyo (juez y político)

- El Tribunal debería reflexionar sobre una frase de John Rawls, cuya obra es considerada como

la más sólida reflexión contemporánea sobre la justicia:

- por perfectamente formulada que parezca una teoría debe ser revisada si no es cierta...

cada persona posee una inviolabilidad fundada en la justicia que no puede ser transgredida ni

siquiera en nombre del bienestar del conjunto de la sociedad.

-y que estas palabras de Rawls sirvan de censura a quienes par sentirse más seguros

no les importe que condenen a inocentes.

Pedimos la libertad al tiempo que la abolición de la Audiencia Nacional, tribunal de

excepción que no garantiza un juicio justo

- las personas imputadas eligieron el camino de la defensa jurídica, utilizando los instrumentos

que el Estado de Derecho supuestamente ofrecía,

- la plataforma ha alentado la denuncia de profesionales del derecho, juristas universitarios...

pedíamos incluso, ilusos, un juicio justo...

- el desarrollo del proceso nos ha abocado a la conclusión de que eso es imposible en un

Tribunal

- en el que el Estado no habla a ciudadanos, combate a enemigos

- la voluntad política suplanta la falta de pruebas acusatorias

- las personas acusadas no son juzgadas con las mismas reglas que los demás

- se les aplica un derecho excepcional, como el propio Tribunal que les juzga

- tampoco pueden ser castigados con el mismo rasero que los demás

- para estas personas se reserva el exacerbamiento punitivo, cumplimiento

integro, la exigencia de público arrepentimiento

El recorrido jurisdiccional del 18/98 no ha terminado

- cuando haya tenido tiempo de analizar los fundamentos de la sentencia, la defensa dará

una rueda de prensa

- acudirá a todas las instancias... aunque pueda ser inútil si, como ha escrito Juan Pablo

Antoñana , el derecho no es el ejercicio de la Justicia sino del poder que lo redacta

La sentencia sitúa a la Plataforma 18/98 ante sus propias limitaciones

- agradecemos, de corazón, la respuesta obtenida. Demuestra que muchos han entendido

que no era problema "de otros", que es también su problema

- pero ni alardearemos de los apoyos recibidos, ni vamos a llorar por los que nos

han sido negados

- esta Plataforma aspiraba sin duda a llegar a más gente, a lograr compromisos

más fuertes, pero en este país ha sufrido y sufre mucha gente, demasiada, y respetamos

el derecho de todos a administrar su solidaridad

- nosotros reconocemos nuestro límite: nuestra denuncia solidaria no ha sido suficiente

para detener este atropello

- esta experiencia dará, sin duda, qué pensar a las personas imputadas en los

sumarios pendientes de juicio sobre cuál pueda ser la línea de defensa y el ámbito de movilización

más adecuado para reivindicar su quehacer político y social.

Por nuestra parte, conscientes de la dificultad del momento

- rota, lamentablemente, la tregua de ETA

- a la espera de los otros sumarios que van a ser objeto de juicio

- con la triste experiencia de una tutela judicial que no merece ese nombre hacemos

nuestra una frase, dicha en otro contexto, pero válida en éste

- aunque nos rompan los instrumentos hay que seguir con la música

No nos engañemos:

- el problema de fondo que se manifiesta en este despropósito judicial no se resuelve ante

los Tribunales.

- estamos ante un problema político cuya solución tiene que ser política.

Es el momento de subir el nivel de exigencia

- con toda la energía que podemos, al tiempo que conscientes de nuestra limitada capacidad

de representación e influencia,

- reiteramos nuestro llamamiento a todos los actores políticos y sociales, aquí presentes o

ausentes, así como a las instituciones, que se lo tomen en serio

- sin esperar a marzo

Seguimos apelando a la sociedad para hacer realidad unos principios tan necesarios como

elementales

- que la vulneración de unos derechos no se sana con la vulneración de otros

- que hay otra forma de resolver los conflictos políticos

- que podemos encontrarnos todos y todas en una Euskal Herria respetuosa de su

pluralidad

Por eso, porque queremos encontrarnos todos, rechazamos la estrategia de ilegalización

encaminada a sacar de la comunidad política a un amplio espacio social, necesario para

construir una Euskal Herria en libertad y en el respeto a los derechos humanos, civiles y

políticos de todas las personas.

En respuesta a quienes le urgían la ilegalización de ANV, el ministro de Justicia pedía

prudencia y decía que es un tema delicado que afecta a la médula del Estado de Derecho,

a lo que debe ser permitido o debe ser proscrito. También con esta sentencia del 18/98 se

redefinen los límites de la libertad. La libertad de los condenados, por supuesto, pero no

solo la de ellos. Ahora bien, no es únicamente el Tribunal el que define esos límites.

Nuestra respuesta ante la arbitrariedad es determinante.

- así, no es sólo que la justicia arbitraria que ha producido esta sentencia sea mala en sí

misma

- es que para ser efectiva requiere nuestra complicidad, pues esta justicia perversa nos

invita a compartir su labor inquisidora, nos invita a que cada uno de nosotros/nosotras haga su

propia lista de justos y pecadores. Y si aceptamos que la pregunta que salva ala persona acusada

de ser condenada no es ¿qué ha hecho? sino qué piensa o quién es, nos convertimos en

inquisidores, voluntarios y voluntarias de fila cero de la Audiencia Nacional. Nos situamos, en fin,

en el límite de la caza de brujas en que lo humano nos resulta ajeno.

Por eso es tan importante rebobinar, recuperar el principio básico de que aunque no

comparto tus ideas, aunque las rechazo incluso, creo que se debe respetar tu dignidad y

juzgarte por lo que haces, no por lo que creo que eres, o creo que piensas.

No sabemos si todas las personas juzgadas en este sumario son justas, pero sí que no se

les han probado las actividades terroristas que alega la acusación.

- no nos hagamos cómplices de un tribunal arbitrario e injusto, pongámonos en el lugar

de las personas que han sido injustamente condenadas, compartamos o no sus ideas y planteamientos

Nota:

Este texto fue presentado en rueda de prensa el 20.12.07 por Mariano Ferrer en nombre de la

Plataforma 18/98.

Reproduce el guión del ponente, en su mayor parte desarrollado tal y como se expuso, pero en

algunos puntos en forma sinóptica.